Nuevo Manifiesto de Alcañiz
ABC. Madrid, 17 de julio del 2001.Sociedad
Más de setecientos profesores acusan al Gobierno en un manifiesto de abandonar las Lenguas Clásicas
MADRID. I. Gallego
Más de setecientos profesores universitarios y de Secundaria han entregado al presidente del Gobierno un nuevo «Manifiesto de Alcañiz» en el que piden mayor presencia de las Lenguas Clásicas -especialmente del Latín- en el sistema educativo. Defraudados por la «desafortunada» reforma de las Humanidades realizada por Pilar del Castillo, exigen medidas que eviten «una auténtica catástrofe científica y cultural».
En un último intento por conseguir mejorar el tratamiento de las Humanidades Clásicas en nuestro sistema educativo, setecientos cincuenta y ocho profesores de Universidad, Secundaria Obligatoria y Bachillerato han remitido al presidente del Ejecutivo, José María Aznar, y a la ministra de Educación y Cultura, Pilar del Castillo, un manifiesto en el que recuerdan la importacia de la enseñanza de las Lenguas Clásicas para la «formación integral de los alumnos», justo unos meses antes de que se empiece a debatir las Ley de Calidad de la Enseñanza diseñada por Educación.
El espíritu de este manifiesto es el mismo que el que inspiró el «Manifiesto de Alcañiz», presentado hace aproximadamente un año, con ocasión del III Congreso internacional sobre humanismo y pervivencia del mundo clásico, convocado en homenaje al profesor Antonio Fontán. Más de trescientos profesores remitieron entonces a la ministra de Educación, a través del propio Fontán, un documento en el que pusieron de relieve la preocupante situación de las Humanidades Clásicas -especialmente del Latín- en la ESO y en el Bachillerato.
«DESAFORTUNADA REFORMA»
Los firmantes instaron entonces al Gobierno a solucionar este problema mediante la anunciada reforma de las Humanidades. Hoy, a esos trescientos profesores se han sumado cuatrocientos cincuenta y ocho para denunciar que aquella reforma, concretada en un Decreto de Enseñanzas Mínimas, «quebró de raíz las esperanzas de todos aquellos que pretendemos una mejora real de la calidad de la enseñanza en todos sus niveles». Critican que, precisamente «la disciplina de Latín, que motivó en gran parte el inicio de la reivindicación de la reforma, es la única que no recibió una mejora en el articulado legal». En opinión de los profesores, la consecuencia de «tan desafortunada decisión ministerial» es fácil de prever: «Dentro de muy pocos años la enseñanza y aprendizaje del latín quedarán reducidos a una mínima expresión o incluso a la nada».
En este «desesperanzador» contexto, los firmantes del mencionado manifiesto se han dirigido de nuevo a Pilar del Castillo para «tratar de evitar lo que sin duda constituiría una auténtica catástrofe científica y cultural». En su opinión, es necesaria la implantación de una asignatura de Latín como área común obligatoria en Cuarto curso de ESO para los alumnos que vayan a cursar cualquier modalidad de Bachillerato, así como de una materia de Cultura Clásica II, como asignatura optativa, para los restantes alumnos.
RESPONSABILIDAD DEL GOBIERNO
Asimismo, entienden que en el Bachillerato, además del Latín obligatorio para los alumnos de Humanidades, debe reformarse el itinerario de Ciencias Sociales con la inclusión de una asignatura de Latín dentro también de las materias comunes. Los profesores proponen un sistema similar al que existía en el antiguo Segundo de BUP, en el que el Latín era obligatorio para todos los estudiantes. Entienden que la mayoría de los alumnos de la ESO debe conocer, al menos en un curso, la lengua que fue madre del castellano, del catalán, del gallego y de otras muchas lenguas europeas. Asimismo, afirman que con la reforma de Pilar del Castillo, los jóvenes que cursen Historia o Derecho «no tendrán el bagaje lingüístico (gramatical y léxico) imprescindible para el estudio y posterior ejercicio de sus futuras profesiones». Entienden que «el Gobierno debe potenciar, el estudio de la lengua latina en la ESO y en el Bachillerato y lograr que tenga en España el mismo preeminente papel que juega en países del entorno occidental».
Se preguntan los profesores que de mantenerse el actual horizonte educativo «¿quién va a continuar en el futuro la labor filológica imprescindible para poner en manos de juristas, historiadores, científicos, lingüistas o filósofos todo el arsenal de las obras y fuentes antiguas, medievales y renacentistas escritas en latín?» Entienden que es esa una responsabilidad «ineludible» del Gobierno, «que no puede olvidar la necesidad del aprendizaje del latín para el estudio de las lenguas y literaturas, la historia, la ciencia, el arte y la cultura de todos los países de Occidente». Precisamente ayer, José María Aznar declaró ante la Junta Directiva Nacional del PP que las reformas del sistema educativo son una cuestión de prioridad absoluta porque España se juega su futuro. Al Gobierno «no le interesa tanto quién ocupa cargos en la Universidad, como que la enseñanza que se imparte en ésta sea de calidad», declaró.
LEY DE UNIVERSIDADES
Con estas declaraciones se refería a las críticas lanzadas por los rectores a una disposición transitoria de la Ley de Reforma Universitaria que establece que tras la aprobación de la norma se proceda a la elección de nuevos rectores y claustros. Lo que «no es aceptable -dijo el jefe del Ejecutivo- es que haya un fracaso escolar del 25 por ciento, y no sería aceptable un Gobierno no sensible a esta situación». Explicó que el objetivo de las reformas es formar generaciones de jóvenes con una educación de calidad. También considera importante poder ofrecer nuevas oportunidades a los docentes y calificó de «indispensable» el impulso a la movilidad en la comunidad universitaria.
Pilar del Castillo, presentó ante la Junta Directiva un informe sobre la reforma de la educación que se está llevando a cabo desde su Departamento y afirmó que «todo aquel que quiere una Universidad de más calidad apoya en lo sustantivo el anteproyecto del Gobierno», informa Efe. La ministra considera necesaria la convocatoria de elecciones en las universidades cuando se apruebe el documento porque la comunidad académica debe participar en la elección de nuevos rectores y nuevos claustros que desarrollen unos estatutos que se adapten a la nueva ley. «Cuando se eligieron los claustros y los rectores, no se encontraba en sus programas electorales el objetivo de hacer nuevos estatutos. En cambio, ahora, ése sí es un objetivo», dijo.
MALESTAR DE LOS RECTORES
Los rectores ya expresaron la semana pasada su malestar por la novedad incorporada al borrador de la Ley de Universidades, que les obliga a abandonar su cargo seis meses después de que sea aprobada la ley y convocar nuevas elecciones. La ministra respondió también a una pregunta sobre un documento que está elaborando la CRUE en el que se recogerá la posición de los rectores sobre los distintos aspectos de la reforma. Éstos manifestaron hace días su intención de leer dicho documento en la apertura de curso de cada Universidad. «Me parece bien», respondió la ministra, «hay que pensar que sus posiciones serán siempre constructivas».